Una guía clara sobre los órganos de gobierno, las funciones del administrador, las obligaciones de los copropietarios y los trámites clave bajo la Ley 675 de 2001.
La Ley 675 de 2001 establece tres instancias principales. Entender sus límites evita conflictos y facilita una administración transparente.
Es la máxima autoridad de la copropiedad. Está conformada por todos los propietarios de unidades privadas.
Órgano colegiado elegido por la Asamblea. Es obligatorio en conjuntos con más de 30 unidades o según el reglamento.
Es el representante legal de la persona jurídica y ejecuta las decisiones de la Asamblea y el Consejo.
Más allá de cobrar la cuota, el administrador tiene responsabilidades legales concretas. Estas son las principales.
Preparar y someter a consideración el presupuesto anual de ingresos y egresos, las cuentas anuales y el balance general del ejercicio anterior [citation:4].
Emitir el paz y salvo de cuentas cada vez que se transfiera la propiedad de una unidad privada. Es un requisito clave en notarías [citation:2][citation:14].
Contratar y mantener pólizas contra incendio y terremoto por el valor real de los bienes comunes, y velar por el mantenimiento de equipos de seguridad [citation:2].
Notificar a los propietarios las sanciones impuestas por la Asamblea o el Consejo por incumplimiento de obligaciones, y hacerlas efectivas una vez ejecutoriadas [citation:2][citation:4].
Mantener actualizada la información de propietarios y residentes: nombres, documentos, direcciones, teléfonos y vehículos [citation:2].
Tomar las medidas necesarias para la seguridad, integridad y salubridad del edificio y sus habitantes, incluyendo señalización y planes de evacuación [citation:2].
La convivencia y la sostenibilidad financiera del conjunto dependen del cumplimiento de estos deberes básicos.
Contribuir oportunamente según el coeficiente de copropiedad, incluso si no se ocupa la unidad [citation:5].
Cumplir las normas de convivencia y las decisiones válidas de la Asamblea y el Consejo.
Usar adecuadamente las zonas compartidas y reportar daños o riesgos al administrador.
Facilitar el acceso para reparaciones necesarias en bienes comunes o redes que afecten la unidad.
Si el conjunto aún no está inscrito, este trámite es gratuito en ciudades como Bogotá y se hace en línea. Estos son los pasos generales.
El representante legal o revisor fiscal crea un usuario en el sistema virtual de la Secretaría de Gobierno o alcaldía local [citation:1][citation:7].
Escritura de constitución, certificado de libertad y tradición, acta de nombramiento del administrador, carta de aceptación y cédula [citation:1].
Con el número de matrícula inmobiliaria se completan los formularios, se cargan los documentos y se solicita la inscripción [citation:7].
Con la inscripción se expide un certificado necesario para abrir cuentas bancarias y contratar legalmente servicios [citation:1].